TRAS LA I Guerra Mundial no se abrieron procesos contra las cabezas de los imperios centrales, y el káiser Guillermo se exilió plácidamente en Bélgica, con su amante, en una granja a la que luego Hitler puso guardia de honor. Acabada la II Guerra Mundial los procesos de Nuremberg (donde se redactaron las leyes raciales nazis) despertaron análogas controversias a las suscitadas por los criterios de la Audiencia Nacional sobre la justicia universal. Los jueces ingleses fueron los más críticos aduciendo que no se podía juzgar a aquellos criminales de guerra sin una legislación preexistente y que los crímenes contra la Humanidad nacían, precisamente, en Nuremberg.
Göering, cargado de culpa, tenía razón en su alegato calificando el juicio como venganza de los vencedores sobre los vencidos. De haber sido otro el resultado los alemanes podrían haber juzgado a ingleses y americanos por el bombardeo estratégico sobre ciudades desguarnecidas, como el ataque asesino contra Dresde a pocos días de la rendición del Eje. Pero aunque Nuremberg fue una decisión política quedó un antes y un después tras aquellas patéticas sesiones: la extraterritorialidad de la Justicia, la persecución de los genocidas allá donde se encuentren, esto es, la justicia universal como respaldo de los derechos humanos.
El Tribunal Internacional de La Haya para delitos cometidos en los Balcanes es sectorial, y el Tribunal Penal Internacional de Roma no acaba de arrancar, vetado por EEUU y China. Como recuerda el filósofo José Antonio Marina la Ley Orgánica del Poder Judicial considera que los tribunales españoles son competentes para entender de los crímenes contra la Humanidad. Las limitaciones del Congreso a este axioma denotan la decadencia de la socialdemocracia europea, y, particularmente, la española. Zapatero patrocina en Naciones Unidas una moratoria mundial de la pena de muerte y luego promueve la ampliación del aborto; impulsa la alianza de civilizaciones y deroga la justicia universal de la Audiencia Nacional. Por mucho que resulten insufribles los jueces estrella ellos han inmovilizado en sus países a muchos genocidas que no se atreven a repetir la experiencia de Pinochet en Londres. También esa es una pequeña forma de Justicia.
La justicia universal es como la Interpol y a nadie se le ocurre limitar su internacionalidad. Si un camboyano hubiera denunciado a Pol-Pot ante Garzón quizá el genocida no hubiera muerto libre en un chamizo de la selva concediendo entrevistas a la televisión. Si la Justicia es verdaderamente independiente del Ejecutivo no hay lugar para el conflicto diplomático. Este recorte sólo domeña a los jueces y fiscales más famosos.
FUENTE: http://www.elmundo.es/papel/2009/06/29/opinion/16865014.html
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